Por Eleazar Mujica Sánchez[1]
¿Qué logró Venezuela en 40 años? Venezuela con petróleo, para nombrar solo una de las riquezas que más han impactado nuestra economía. Venezuela con infinitas reservas de petróleo, Cuba sin petróleo; Venezuela abierta al mundo, Cuba bloqueada, y, sin embargo, miramos los resultados de 40 años, para ser exactos hasta 1998. (…) A Venezuela la destrozaron. Hay cifras, ya recogidas en los libros de la historia, y no tergiversadas. Análisis serios que indican que aquí en Venezuela se evaporaron recursos en dólares equivalente a 15 veces el Plan Marshall, con el que reconstruyeron a Europa, ¡15 planes Marshall se esfumaron en Venezuela! (…) He allí algunas ideas para quien quisiera hacer un buen estudio de comparación, desde 1958 hasta 1998, entre Cuba y Venezuela, sus procesos, sus realidades, sus liderazgos y sus efectos”. Alocución del presidente de la República Bolivariana de Hugo Chávez, 5 de septiembre de 2001 en la Academia Militar de Venezuela, durante la Segunda Comisión Mixta de Cooperación Venezuela-Cuba
La empresa “estatal” — PDVSA— que nace el 30 de agosto de 1975, un día después de promulgarse el 29 de agosto de ese mismo año, aquella Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos (LOREICH), cuyo artículo 5 dejó una “rendija abierta” en los términos más entreguistas al capital transnacional y sirvió de colofón para que, desde aquel mismo momento, entrará en marcha el proceso desnacionalizador y privatizador de la industria petrolera, primero con los Contratos de Comercialización y Tecnología y, posteriormente con la Internacionalización[1] de PDVSA y los esquemas lesivos de la Apertura Petrolera (Aunque por definición se focaliza en tres formas: Convenios Operativos, Asociaciones Estratégicas y los Convenios a Riesgos y Ganancias Compartidas, no se puede negar que se suscitaron otros negocios y esquemas lesivos, como, por ejemplo, Intesa, apertura del mercado interno de la gasolina y otros combustibles derivados de los hidrocarburos, venta de acciones de Pequiven, la entrega de muelles, servicios de comprensión y procesamiento de gas, entre otros), en honor a la verdad, no se le puede honrar y menos afirmar que contribuyó al desarrollo del país. Todo lo contrario.
Además, aquella ley indemnizó por más de mil millones de dólares —al cambio— a las empresas transnacionales, las mismas que se aprovecharon a sus anchas de nuestro recurso petrolero desde el inicio del siglo XX[2], cuando se apoderaron, inicialmente las angloholandesas y, luego las gringas, en fin, todas ellas en conjunto, pero que no fueron capaces de construir ni siquiera un sistema de cloaca en Cabimas, estado Zulia.
Aunque ellas, fundamentalmente la Creole Petroleum Corporation[3], filial de la Esso —Exxon, a partir de 1972 y, desde el 30 de noviembre de 1999, Exxon Mobil Corporation, tras la fusión de esas otrora dos hermanas del trust de Rockefeller, es decir, la Standard Oil Company of New Jersey (SONJ) y la Standard Oil Company of New York (Socony) luego Mobil — buscaron generar la sensación de una Venezuela productiva, su verdadero plan, en alianza con las elites internas de nuestro país, fue la de una modernidad engañosa que no logra dar origen al desarrollo de una economía propiamente no petrolera. De allí que, lo que verdaderamente hicieron con sus inversiones en diversas áreas petroleras y no petroleras fue deformar la identidad nacional, en aras de crear un ciudadano corporativo, lacayo de la cultura petrolera.
Ciertamente, Venezuela estuvo mediatizado por las grandes corporaciones que manejaron, sin límites, el negocio petrolero. En suma, un país, como bien lo reflexionó Salvador de la Plaza, colonizado, cuyas clases dominantes se opusieron y oponen al logro de su autonomía y a la posibilidad de liberarse del tutelaje para construir una economía propia e independiente. ([1962] 1974, p. 87)
De hecho, aquella cultura de conquista, como bien la definió Rodolfo Quintero, y de rentismo petrolero, explica, en gran medida, primeramente, que se relegara en el tiempo cualquier intento de nacionalización, a pesar de que ya habían ocurrido experiencias dentro y fuera de nuestra región, además, y sobre todo que esta fuese de la naturaleza concertada que se terminó produciendo con aquella LOREICH que entra en marcha el 1 de enero de 1976 en provecho del imperialismo petrolero. De cualquier manera, las empresas estadounidenses y británicas-holandesas controlaron las actividades petroleras en nuestro país durante el siglo XX. Al respecto, resulta importante traer a colación unas singulares reflexiones petrolera del comandante Hugo Chávez:
… yo no sé cuál saqueo fue más dañino y más brutal, si el de los conquistadores españoles desde 1498 hasta 1700 y más, o el saqueo petrolero a Venezuela durante las primeras décadas del siglo XX. Porque el imperio español ciertamente hizo mucho daño, pero sin embargo construyeron ciudades, caminos, y aunque de manera cruel e imperial, se hizo un mestizaje y se fueron asentando pueblos, y nació una civilización. Pero en el siglo XX ¿qué ciudades nacieron? Al contrario, se destruyeron ciudades, se destruyeron campos con el afán imperialista de la explotación petrolera…
Pasó un siglo y nosotros regalamos el petróleo durante un siglo para saciar la sed de los países desarrollados. Y nuestros pueblos en África, nuestros pueblos en Asia, nuestros pueblos en América Latina hundiéndose en el subdesarrollo, hundiéndose en la miseria, hundiéndose en el atraso. Colonialismo, eso se llama colonialismo. Imperialismo, eso se llama imperialismo. (Subrayado nuestro) (Extracto del Discurso del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, con motivo de la Apertura de la 141 Reunión Extraordinaria de la Conferencia Ministerial de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), celebrada en Caracas, el 1° de junio de 2006)
Un Pentágono de Acción Petrolera al Servicio del Cartel Petrolero Internacional
Con la puesta en marcha de aquella “nacionalización” pasó a consolidarse no sólo los hilos de la dependencia tecnológica y económica, sino también las prácticas, valores y, en concreto, toda una cultura organizacional y sistema de valores, expresión de la racionalidad capitalista de las exconcesionarias que continuó intacta. En efecto, los cuadros directivos y gerenciales eran los mismos de las viejas transnacionales. Todo esto facilitó la colonización, por esta tecnocracia, del resto de las instituciones del país.
De esta manera se explica cómo el presidente de la Shell Venezuela, el fallecido Alberto Quirós Corraldi, como por arte de magia el 1 de enero de aquel año, pasó a ocupar la presidencia de Maraven, una de las 14 filiales de la naciente PDVSA. Mientras que, Guillermo Rodríguez, vicepresidente de la Creole se convierte en presidente de Lagoven.
Por supuesto, se puso en marcha la creación y transformación de las empresas operadoras por parte de las transnacionales, así, Creole (Exxon), creó Lagoven, Shell, creó a Maraven, Meng-Venegref a Meneven, Mobil, a LLanoven, Texaco-Texas a Deltaven, Sun-Carter a Palmaven, Philhps a Roqueven, Sinclair Varco a Bariven, Amoco a Amoven, Chevron a Boscaven, Talon a Talonven, Las Mercedes a Guariven. Las excepciones de las 14 filiales, fueron Mito Juan que se convierte en Vistaven —Mito Juan se había creado en 1965, era una empresa privada venezolana- y la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), con Juan Chacín Guzmán — que ya existía y que había sido creada el 19 de abril de 1960, bajo la gestión de Juan Pablo Pérez Alfonzo, como ministro de Minas e Hidrocarburos en el segundo gobierno de Rómulo Betancourt (1959-1964)—, pero que luego tras la fusión e integración de todas ellas en PDVSA, como sociedad anónima, terminó disolviendo a la CVP dentro de su estructura.
Seguidamente, durante los dos primeros años de su puesta en marcha se produjo una fusión de empresas que conllevó la racionalización de la industria petrolera y las 14 filiales se integraron para 1978 en cuatro grandes filiales de PDVSA (Lagoven, Maraven, Meneven, y Corpoven). Por lógica, la empresa matriz por dirigir y organizar el proceso de la nacionalización debió de ser la CVP. Al respecto, se aclara que la CVP en el marco del Pentágono de Acción Petrolera de Pérez Alfonzo, sería la empresa estatal que tendría por objetivo participar directamente en todas las fases de la industria nacional de los hidrocarburos, es decir una empresa nacional manejada por venezolanos y en provecho del interés nacional. Pero, la nueva creación de la empresa estatal -PDVSA- burló esta posibilidad, por supuesto, en provecho del capital transnacional. En todo caso, en diciembre de 1975, la CVP queda inscrita como sociedad anónima en el Registro de Comercio y hacia finales de ese mismo mes de diciembre PDVSA recibe a la CVP como su primera subsidiaria.
Sin embargo, desmontando los mitos y las grandilocuencias que se han pretendido construir desde la historiografía adeca y de la cual son víctimas hasta quienes dicen inscribirse en el pensamiento crítico, dado que terminan hasta invitando a reivindicar un supuesto legado de Pérez Alfonzo[4] que, en el fondo, no es más que reivindica, en gran medida, la política petrolera de Rómulo Betancourt, toda vez que es él quien aprueba, por ejemplo, la creación de la CVP y de todas aquellas políticas adecas. A propósito, no se pierda de vista que el mismo Pérez Alfonzo llegó a señalar que toda la labor que le correspondió realizar en esta importante materia petrolera, no la habría podido llevar a cabo sin la colaboración de su partido Acción Democrática y sin el estímulo de Betancourt.
En relación con Pérez Alfonzo, ya desde el Trienio Adeco —1945-1948, con el primer gobierno de Betancourt—, en su primera gestión como ministro de Fomento, —ente que llevó la responsabilidad de lo minero, incluido lo petrolero, desde 1863 hasta finales de 1950 cuando se creó el Ministerio de Minas e Hidrocarburos—, se adopta en la historiografía adeca la política de “no más concesiones” que, a su vez, formará parte de su posterior Pentágono de Acción Petrolera que, al mismo tiempo, se pretende exponer como una política originaria, propia de Acción Democrática, pero resulta que esto, como se dice en el argot popular, no aguanta la menor prueba.
Efectivamente, Néstor Luis Pérez, ministro de Fomento entre 1936 y 1938, bajo la presidencia de Eleazar López Contreras y quien fungió como arquitecto de la Ley de Hidrocarburos y demás Minerales de 1938, tuvo un rol destacado en términos de nacionalismo que reivindicó el espíritu de Gumersindo Torres —autor de la primera Ley de Hidrocarburos en nuestro país— ante las compañías transnacionales, a tales efectos, el ministro Néstor Luis Pérez en 1938 en la introducción a la Memoria presentada al Congreso Nacional, indicaba lo siguiente:
Últimamente se ha suspendido el otorgamiento de nuevas concesiones en razón de que el Ejecutivo trata por todos los medios a su alcance, de obtener un mejor conocimiento del verdadero valimiento de nuestras tierras, para sacarles el mayor provecho en beneficio de la nación.
Sin dudas, la gestión del ministro Néstor Luis Pérez fue sumamente estelar como también lo fue aquella Ley de Hidrocarburos de 1938 toda vez que, además de suspender temporalmente el otorgamiento de nuevas concesiones con mira a conseguir mayores ganancias sobre el petróleo, se constituyó en un instrumento progresista, pues en virtud de ella se convino con las Compañías a instalar el servicio de gas doméstico y refinerías para procesar crudo en el territorio nacional.
Cabe advertir que, lo de refinar el petróleo en territorio venezolano había sido una consigna del movimiento marxista en el país, originada en el hecho de que casi en su totalidad —salvo pequeñas cantidades que se refinaba, por ejemplo, en San Lorenzo, primera refinería del país instalada en agosto de 1917 por el grupo de la Royal Ducht Shell en el estado Zulia— el petróleo se exportaba crudo para ser refinado en las instalaciones de las Compañías (Esso y Shell) en Curazao y Aruba, de donde luego se importaban sus subproductos para satisfacer el consumo doméstico. Indudablemente que con este reclamo se buscaba obtener una mayor participación del Estado sobre su recurso petrolero[5].
Asimismo, según puede leerse en el artículo 2 de la Ley de Hidrocarburos del 38, el Estado quedaba facultado a intervenir directamente en el negocio petrolero. Igualmente, entre otras bondades, se incrementó el impuesto de exploración.
Es evidente que, la política de “no más concesiones” es previa en su aplicación al Trienio Adeco (1945-1948) y, por tanto, antecede a Betancourt-Pérez Alfonzo, en su primer gobierno adeco. En torno a la postura del Trienio Adeco de no otorgar nuevas concesiones, de la Plaza, Rísquez Iribarren y Guerere Añez, explican la conveniencia que tuvo Acción Democrática entre 1945 y 1948 para no otorgar más concesiones petroleras, cuando afirman que:
Las compañías que integran el Cartel Petrolero, —las 7 grandes—, saciaron sus apetitos de concesiones con las que les otorgó el General Medina. Por eso resultó fácil para el gobierno producto del golpe de Estado de 1945, anunciar la política de “no más concesiones”. Tal política, lejos de disgustar a las compañías grandes, les agradó enormemente, por cuanto su aplicación significaba en la práctica que no se otorgarían concesiones a las compañías pequeñas, que estaban ávidas de obtenerlas, mientras que ellas estaban satisfechas con las que ya habían obtenidos. (1973, p.59) (Subrayado nuestro)
Adicionalmente, resulta oportuno indicar lo que ya en 1953, señalaba Salvador de la Plaza, sobre la consigna de “no más concesiones”, al enfatizar lo siguiente:
Se recordará que Acción Democrática le dio mucho énfasis a esa consigna, oponiéndola a la política, que atribuía al “medinismo”, de haber otorgado muchas concesiones a las Compañías con posterioridad a la Ley de 1943. Pero, al explicarla, Pérez Alfonzo dejó ver las verdaderas razones de AD. Declaró que AD se oponía a dar nuevas concesiones porque, de acuerdo con la fórmula del 50-50, Venezuela no debía otórgalas sino a aquellas Compañías que por su desarrollo técnico y, por consiguiente, por el más bajo costo de producción que alcanzaban estuvieran en posibilidad de asegurarle a Venezuela una mayor participación en el 50-50 de las utilidades. Se oponía, por tanto, a otorgar concesiones a compañías pequeñas porque éstas, por su poco desarrollo técnico, necesariamente sus costos de producción tenían que ser más elevados y, en consecuencia, Venezuela percibiría una participación reducida de utilidades. En verdad, y dados sus compromisos con Rockefeller, la consigna de no concesiones en este caso equivalía a reservar yacimientos petroleros para la Creole, la más desarrollada técnicamente de todas las Compañías del mundo. (1996, tomo I, pp. 97-98) (Subrayado nuestro)
Por otro lado, debo subrayar que, Betancourt en su segundo gobierno (1959-1964) termina contradiciendo en 1960 su política de “no más concesiones” con la puesta en marcha de los Contratos de Servicios, los cuales desnaturalizan y se van a convertir en concesiones petroleras disfrazadas, evitando con ello que se le aplicara el principio constitucional que prohibía esa figura. En efecto, en su condición de presidente de la República, Betancourt, expresó lo siguiente:
“No hemos otorgado concesiones porque las muy ricas que quedan, bien ubicadas, en el centro y en las riberas del Lago de Maracaibo, estamos seguros que van a ser exploradas y explotadas mediante contratos de servicio.” (Betancourt, Rómulo, 29-6-63 Mensajes Presidenciales, tomo IV, p. 141, citado en Sader Pérez, Rubén, 1972, p.10)
Del mismo modo, puede decirse que Betancourt invalidó y contradijo, desde un primer momento, a la CVP, al no dotarle de los recursos necesarios para sus fines, vale decir, de intervenir en todas las fases de la actividad señalada en los estatutos que le dieron origen legal— ver Gaceta Oficial N°26234 del 22 de abril de 1960— En efecto, Betancourt en su condición de presidente de la República, refiriéndose a la CVP, señaló lo siguiente:
Esta empresa nuestra no viene a competir con las empresas privadas. La misma modestia del capital de trabajo que le hemos asignado, indica cómo son de limitados sus fines y objetivos; pero la Corporación Venezolana de Petróleo debe ser y será el vehículo de que se valga el Estado para otorgar, ya no concesiones sino contratos de servicios y otras fórmulas de arreglos, que hay muchas que se están utilizando en varios países petroleros, para desarrollar la exploración y producción de aceite negro en el país. (1962, tomo II, p. 91) (Subrayado nuestro)
En torno a esto resulta importante precisar que, Salvador de la Plaza, en su enfoque y postura política, jurídica y económica, denunció, lo siguiente:
La celebración de esos “Contratos de Servicio”, por sus intrínsecas características, no aportará —como proclaman quienes los auspician— la sustitución del actual sistema de concesiones por otro que favorezca los intereses nacionales, sino que con esos “contratos” se operará una mera sustitución en la forma de otorgar concesiones, ya que ellos conllevan la entrega, camuflada con la ficción de una “sociedad”, a las compañías petroleras de la explotación de nuestro petróleo y seguramente si hasta en condiciones más favorables para ellas. Con la celebración de esos “Contratos de Servicio”, se consolidará y reforzará la dependencia de los trust extranjeros, se impedirá el desarrollo independiente de la industria nacional del petróleo. ([1962] 1974, Op, cit, p. 46) (Subrayado nuestro)
Asimismo, puntualizó que:
En 1960 —el 19 de abril— fue creada por el Ejecutivo Nacional la “Corporación Venezolana del Petróleo” con la finalidad, según el Decreto, de desarrollar una industria petrolera independiente, nacional. Pero durante los cinco años transcurridos su actividad ha sido frenada, reducida debido a la tendencia que ha predominado en el Gobierno de convertirla en “puente” para la celebración con los trust petroleros de “contratos de servicio” que sustituyan el sistema de concesiones. (Ibidem, p.79)
Para ilustrar más esto, debo precisar que, durante el gobierno de Raúl Leoni (1964-1969), la Ley de Hidrocarburos de 1943, sufrió una nueva modificación el 29 de agosto de 1967 —la primera reforma se habría producido bajo la dictadura de Pérez Jiménez, el 10 de agosto de 1955, aunque tal reforma no tocó los principios fundamentales de esta Ley—, oportunidad en la cual se reformó su artículo 3, con la finalidad de incorporar una nueva figura jurídica para la explotación de la Industria petrolera en Venezuela, denominada como “Contrato de Servicio”. Esto en sustitución de las concesiones, pese a que se había reimplantado la consigna de “no más concesiones”, a fin de poder otorgar los Contratos servicio. Todo esto viene a demostrar que los Contratos Servicios no llegan a tener el viso de legalidad sino hasta 1967, -con la reforma de la Ley de Hidrocarburos- en el Gobierno del Presidente Leoni[6].
Hay que, advertir que, sobre este hecho, de la Plaza, Rísquez Iribarren y Guerere Añez, subrayan sobre la CVP, uno de los vértices del Pentágono de Acción Petrolera, lo que cito, a continuación:
(…) el cuadro no ha cambiado en lo fundamental: el Estado asigna a la compañía nacional, la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), diferentes áreas petrolíferas, especialmente en las reservas nacionales, y esta compañía, en lugar de explotarlas directamente, se asocia con las grandes compañías para la explotación del producto. Son las compañías las que en definitiva son dueñas del petróleo, lo exportan y lo refinan. Por consiguiente, con los contratos de servicio ha cambiado la cuantía de la participación, y el método de explotación ahora con intervención de la CVP, pero el resultado final es el mismo de las anteriores concesiones. (Op, cit, p. 62) (Subrayado nuestro)
Para Salvador de la Plaza, estaba muy claro que “crear nuestra propia industria petrolera y defenderla, no sólo permitirá aumentar los ingresos de la Nación con los cuales se impulse el desarrollo económico general del país, sino que con ella se garantizaría nuestra independencia política”. ([1962] 1974, Op, cit, p. 80) Sin embargo, advertía que las clases dominantes en nuestro país se han opuesto y se oponen al funcionamiento de la Corporación Venezolana del Petróleo, a tal punto que:
(…) en ponencias presentadas por la Unión Patronal del Comercio y otras organizaciones empresariales, fue expresado en las Asambleas de la Federación de Cámaras de la Producción y Comercio realizadas en Cumaná, Puerto Cabello y Mérida, en los años 1960, 1961 y 1962. Son deleznables sus argumentos: “el Estado no puede afrontar una in versión como la requerida para poner a funcionar la empresa petrolera” —la CVP—; “las condiciones actuales del mercado petrolero y sus perspectivas a mediano y largo plazo no son alentadoras”; “las experiencias que se tienen de las empresas nacionales de petróleo —México, Argentina, Brasil— son casi enteramente negativas”; “la empresa —la CVP— tiene más bien un carácter político y no tiende a satisfacer necesidades genuinamente económicas”, etc. Tales argumentos los presentan como sectores antinacionales, al servicio de los intereses de los trusts imperialistas. (Ibidem, p. 88)
Además, Salvador de la Plaza deja claro que el Movimiento Progresista venía solicitando, en el país, por lo menos, desde el año 1936, es decir, antes de la nacionalización petrolera en Bolivia y en México, la premisa de “no más concesiones”, así como la creación de la industria petrolera nacional, mayores ingresos fiscales, control del Estado sobre las actividades de los concesionarios, incluso refinerías nacionales. En consecuencia, nada de esto fue planteado por primera vez en 1945 cuando Rómulo Betancourt y Pérez Alfonzo llegan al poder. En tal sentido, no se pueden aceptar bajo ninguna circunstancia los presupuestos de la historiografía adeca sobre este tema. Grosso modo, la corriente progresista y marxista de la Venezuela de los años 20 y principios de los 30[7] del siglo pasado reclamaba la expulsión del dominio de las transnacionales, el manejo soberano sobre el petróleo, mientras que la tendencia de la socialdemocracia con Betancourt y su plan de Barranquilla hizo gala de su revisionismo con las concesiones y la búsqueda de una relación favorables entre el Estado y las Compañías, tal visión siguió siendo conservadora y no se diferenciaba mucho de la del Estado positivista con su tesis de orden, modernización y progreso industrial.
Por otro lado, también Rubén Sader Pérez,quien fue miembro del Directorio Ejecutivo de la CVP desde su fundación y Director General de esta empresa desde 1963 hasta 1969, en sus arduas batallas por reivindicar a la CVP, enfatiza lo siguiente:
Casi con la creación de la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) se inició el proceso de los Contratos de Servicio como solución administrativa ideada para facilitar el desarrollo del ente estatal mediante acuerdos con otras empresas. Antes de haberse elaborado el instrumento jurídico llamado a reglamentar la facultad otorgada a la CVP para celebrar convenios, las concesionarias extranjeras y otras compañías internacionales presentaron ofertas, ávida como estaban de quebrantar la barrera erigida ante ellas con el anuncio de la política de no más concesiones. A partir de septiembre de 1967, luego de la reforma de la Ley de Hidrocarburos, se entró de lleno en la etapa de las negociaciones subordinadas a unas Bases Mínimas reveladoras de la pretensión de utilizar el nuevo régimen como una modalidad de la explotación directa por el Estado de sus áreas petrolíferas. La trayectoria recorrida desde entonces muestra para esta fecha, con la abundancia de incidencias merecedoras de un más detenido análisis, el fracaso de proyecto concebido con propósito y fines diferentes de los que permite entrever el texto final de los contratos publicados en la Gaceta Oficial Extraordinaria del 13 de diciembre de 1971, N° 1495. (1972, Op, cit, pp.9-10)
Por esta razón de la Plaza, afirmaba con suficiente razón que es un subterfugio de Pérez Alfonzo su teoría de la “sociedad Estado-compañías petroleras” como expresión perfeccionada de nacionalizar el petróleo, pues con la falacia de que las compañías son nuestros agentes.
En todo caso, desde esta óptica está suficientemente claro que, en la praxis aquel Pentágono de Acción Petrolera, fundamentado en los cinco vértices o principios, a saber: 1) Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), 2) Participación Razonable; 3) Comisión Coordinadora de la Conservación y el Comercio de los Hidrocarburos (CCCCCH) 4) No más Concesiones y 5) Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP),no podía lograr en la realidad concretalo que expresaba su discurso sobremayores beneficios posibles, a la vez de defender y conservar el recurso petrolero, maximizando la eficiencia en la producción. No es casual que, a lo largo de su primera década de existencia, la OPEP fuese ignorada por occidente y por el cartel petrolero internacional. Todo ello, aún cuando en los principios fundadores de la OPEP se plasman intereses comunes con las compañías[8].
En honor a la verdad, el Pentágono de Acción Petrolera de Pérez Alfonzo y, más propiamente, la política petrolera de Rómulo Betancourt, no se propuso , en ningún momento, una nacionalización de la industria petrolera, por tanto nunca le resultó atractivo lo sucedido en Argentina con la creación el 3 de junio de 1922 de Yacimiento Petrolífero Fiscales (YPF)[9], primera empresa petrolera estatal, creada a escala mundial, así como lo ocurrido en Bolivia el 21 de diciembre de 1936, cuando el gobierno del presidente militar, David Toro, crea la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y, posteriormente, el 13 de marzo de 1937 decreta la nacionalización de todos los bienes y derechos de la Standard Oil Company, como consecuencia de la Guerra del Chaco (1932-1935) y por el incumplimiento de esta trasnacional que había infringido las leyes y violado el contrato de concesión. Esta acción que se constituye en el primer acto de nacionalización petrolera en nuestra América, fue muestra del poder decisivo del Estado y de un ferviente nacionalismo militar e incluso antimperialista, hasta cierto punto.
Tampoco les estimuló el caso de México en marzo de 1938 con el presidente Lázaro Cárdenas que reivindicó un modelo de socialismo reformador y, en 1951 la nacionalización en Irán de la Anglo-Iranian Oil Company (hoy British Petroleum), en un franco enfrentamiento por parte del primer ministro Mohammad Mossadegh con el imperio. “Este hecho basto para que, el 16 de agosto de 1953 los gobiernos estadounidense y británico establecieran un plan conjunto (“Operación Ajax”) que, bajo la dirección del funcionario de la CIA, Kermit Roosevelt, resultó en el derrocamiento de Mossadegh”. (Mujica Sánchez, Eleazar, 2006, p. 33)
Sin duda alguna, estas experiencias, en aquel contexto de “Guerra Fría” y de Doctrina Betancourt en su segundo gobierno, no podían resultan atractivo al puntofijismo y a sus gobiernos. De hecho, cuando la Revolución cubana con Fidel Castro en junio de 1960, ocupa las refinerías de la Esso y la Royal Dutch Shell que procesaban aproximadamente 75.000 b/d, no fue bien visto por Acción Democrática, nuevamente en el poder. Por el contrario, estas experiencias petroleras en estos países y el impacto que ello generó sobre las transnacionales, fueron siempre utilizado por las clases dominantes en nuestro país para frenar cualquier intento verdadero en provecho del manejo soberano sobre el recurso petrolero. Esto explica la condición de enclave petrolero que tuvo Venezuela en el siglo XX.
En tal sentido, es importante destacar que, la política dirigida por aquellos lineamientos del Pentágono de Acción de Pérez Alfonzo al ser la instrumentación con la que se desarrolla la política petrolera en el país desde la segunda presidencia de Betancourt, creó las bases para que en un contexto particular de boom petrolero que se exhibe desde octubre de 1973 con la guerra de Yom Kippur, reconfiguración del mercado petrolero internacional y, además, la existencia de “Guerra Fría” (1945-1991) que suscitaba la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, se facilite una “nacionalización” a la medida del capital petrolero internacional.
Desde luego, Betancourt, ya había afianzado una relación con la familia de Rockefeller y, desde su gobierno en 1959 su agenda y praxis política se corresponde con mayor énfasis con los intereses del pacto de Puntofijo que excluyó, desde siempre, al Partido Comunista de Venezuela (PCV) para abrazarse con los intereses de elites.
En líneas generales, a pesar de estar en un contexto de “Guerra Fría” y en dondelos movimientos por la liberación nacional y el socialismo tienen un auge ya desde los años 50 y 60, en nuestra América con la Revolución cubana y, en África con la liberación de Argelia de Francia, luego de 130 años de dominación, AD y el puntofijismo no estuvo, en ningún momento, buscando trastocar realmente las relaciones de enclave con las compañías transnacionales y conducir a Venezuela y, más ampliamente, al entonces denominado Tercer Mundo por la ruta del socialismo y la liberación. Es tanto así que, aunque las Compañías transnacionales construyeron refinerías en la península de Paraguaná, y en Puerto la Cruz, estado Anzoátegui, la CVP no impulsó en aquellos años la creación de refinerías propias en el país. En suma, no hubo tal nacionalización de la industria petrolera en nuestro país, se impuso, en su lugar, un vulgar entreguismo, sin parangón en nuestra historia republicana.
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Mujica Sánchez, Eleazar (04 de febrero, 2012a): La Política Petrolera en la Venezuela Bolivariana www.aporrea.org/energia/a137962.html
Mujica Sánchez, Eleazar (julio, 2012b): La OPEP en el mercado petrolero internacional (1999-2010). CEAP-FACES-UCV. Caracas.
Mujica Sánchez, Eleazar (2014a): Paro y sabotaje petrolero. Expresión de dos modelos políticos en pugna. (Parte I). http://misionverdad.com/historia-nuestra/paro-y-sabotaje-petrolero-expresion-de-dos-modelos-politicos-en-pugna%20 Publicado el 04 de diciembre de 2014.
Mujica Sánchez, Eleazar (2014b): El sabotaje petrolero: primera guerra cibernética de la humanidad. (Parte II).http://misionverdad.com/historia-nuestra/el-sabotaje-petrolero-primera-guerra-cibernetica-de-la-humanidad%20 Publicado el 04 de diciembre de 2014.
Mujica Sánchez, Eleazar (11 de octubre, 2024): La petrolia del Táchira: Primera empresa petrolera en América del Sur. Ponencia presentada en la Sala de Comunicaciones del Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos-PDVSA La Campiña. Organizado por la Juventud Petrolera de PDVSA. Caracas.
Parra Luzardo, Gastón (1996): De la nacionalización a la apertura petrolera. Derrumbe de una esperanza. Edit. EdiLuz. Maracaibo, estado Zulia.
PDVSA (1978): Un cambio profundo dentro de la normalidad operativa. Primera Etapa de una gestión. Petróleos de Venezuela.1975-1978. Caracas.
Pérez Alfonzo (1967): El pentágono petrolero. Ediciones Revista Política. Caracas.
Quintero, Rodolfo (1985): La cultura del petróleo. (2da ed.). División de Publicaciones. Facultad de Ciencias Eco nómicas y Sociales. Universidad Central de Venezuela. Caracas.
Sader Pérez, Rubén (1972): Hacia la nacionalización petrolera. Síntesis Dosmil, C.A. Caracas.
[1] Sobre esta temática, sugerimos revisar Juan C. Boué (2004): La internacionalización de PDVSA, una costosa ilusión. Aunque, el prólogo a este libro de Boué lo hace Mendoza Potellá, considero importante revisar: Mendoza Potellá, Carlos (1995): El poder petrolero y la economía venezolana, por abordarse en este, de un modo detallado, el contexto inusual y sin sentido en el cual se lleva a cabo la Internacionalización de PDVSA.
[2] Sobre el inicio de nuestra actividad petrolera, es importante destacar que, la misma se ubica ya en el siglo XIX, específicamente el 12 de octubre de 1878 con la Petrolia del Táchira. Se trata de la primera compañía petrolera que nace propiamente venezolana en el contexto de una Venezuela rural, precapitalista de economía agrícola, regida, fundamentalmente, por las exportaciones de café, alejada del florecimiento y auge que el país alcanzará en materia petrolera, a partir de la segunda década del siglo XX. Sin embargo, por las condiciones geológicas sobre la cual operó, sumado al carente apoyo gubernamental, resultó su existencia y actividad efímera, pues, ya en 1912 era inevitable su aciago desempeño. Pese a ello, sus propietarios estuvieron esperanzados hasta 1934, cuando por la benevolencia del régimen dictatorial de Juan Vicente Gómez (1908-1935) con el capital transnacional se ve impedida de continuar legalmente.
[3] Esta pertenecía a la Standard Oil Company of New Jersey (SONJ) y se constituyó el 9 de agosto de 1943, tras la fusión de las tres principales subsidiarias de Jersey Standard en nuestro país, Standard Oil Company of Venezuela (fundada el 27 de diciembre de 1921), Lago Petroleum (1923), adquirida por Jersey Standard en 1932, y el Sindicato Creole, fundado el 30 de marzo de 1920, y rebautizado luego como Creole Petroleum Corporation. Pese a que la angloholandesa Royal Dutch Shell, bajo el nombre de Caribbean Petroleum Company, llegó al país en 1912, previo a las empresas gringas y se apoderó inicialmente de los campos petroleros venezolanos más productivos, como por ejemplo, el campo Mene Grande en el Zulia, con el pozo Zumaque 1 –completado en abril y entrado en producción el 31 de julio de 1914, respectivamente, terminó siendo la Creole la firma petrolera más grande en nuestro país, sobrepasando el 40% de la producción petrolera venezolana. Esto se explica por la gran alianza que Rómulo Betancourt y su partido Acción Democrática (AD) logró con la Standard Oil of New Jersey de Rockefeller desde 1945 cuando arriba por primera vez al poder. De hecho, fue amigo personal de Nelson Rockefeller y de su familia.
Nelson Rockefeller fue uno de los grandes propulsores de la CIA y en nuestra historiografía crítica, previo a su liderazgo y rol en la CIA, encontramos que él y su emporio petrolero jugaron un papel destacado en el derrocamiento de Isaías Medina Angarita, hecho que Acción Democrática y su intelectualidad siguen llamando penosamente la “Revolución del 18 de octubre de 1945”. Rockefeller, habría recibido grandes prebendas por aquel derrocamiento, entre ellas, una lujosa finca en el estado Carabobo.
[4] Sobre Juan Pablo Pérez Alfonzo volveremos con mayores detalles en la parte IV, para precisar las posiciones dignas que tuvo en las postrimerías de su vida con respecto a los desatinos de la política petrolera de su partido Acción Democrática en ocasión de llevar a cabo aquella “nacionalización” que él mismo no dudo en calificarla de “chucuta”. Aunque esto no le exonera de sus responsabilidades y posturas en conjunto con Betancourt ante las transnacionales, las mismas que se prestaron para llevarlos al poder tanto en 1945 como en 1958.
[5] En torno a esta necesidad y justo reclamo de instalar refinerías en el país, puede decirse que la Ley de Hidrocarburos de 1943 satisface tímidamente este reclamo al facultar al Estado para establecer en los contratos de concesión la condición de refinar en el país todo o parte del petróleo que se extrajera.
[6] En Mujica Sánchez, Eleazar (2003b): La Política Petrolera de Chávez: Un freno a los esquemas aperturistas y planes privatizadores de PDVSA se encuentra un extenso capítulo: Evolución y desarrollo del sistema jurídico petrolero en Venezuela, en el cual se analizan más detalladamente todos estos temas. A propósito, este artículo 3 que se corresponde con la segunda reforma sobre la ley petrolera de 1943, fue eliminado del ordenamiento jurídico en virtud de una sentencia de la Corte Suprema de Justica en fecha 23 de abril de 1991, por solicitud de PDVSA para darle puerta abierta al otrora proyecto Cristóbal Colón y, más ampliamente, a otros esquemas y negocios de la Apertura Petrolera en los años 90, incluso tal situación allanó el camino para el arbitraje internacional en todas las asociaciones del Estado con el capital transnacional. Sobre esto volveremos en la parte III de la temática: A 50 Años de una Traición Petrolera.
[7] Ya en 1925 Salvador de la Plaza y Gustavo Machado, ambos fundadores del Partido Comunista de Venezuela (PCV), publicaron el primer libro marxista en el país, titulado “La verdadera situación de Venezuela, 1925”. Además, en mayo de 1931, a escasos dos meses de haberse fundado el PCV, este partido divulgó una especie de manifiesto que en el ámbito de lo petrolero llamaba al desconocimiento de todas las concesiones y privilegios de explotación a los imperialistas. Esta es otra demostración que viene a invalidar la autoría que la historiografía adeca se pretende abrogar sobre la postura de “no más concesiones”.
[8] La OPEP desde sus inicios se montó en la coordinación y consolidación de sus principios rectores, lo cual queda fielmente expresado en los objetivos que persigue, específicamente enmarcados en las resoluciones 1 y 2 de Bagdad (14/09/60), las cuales rezan: A.- El objetivo principal de la Organización será la coordinación y unificación de las políticas petroleras de los Países Miembros y la determinación de los medios más idóneos para salvaguardar sus intereses, tanto individuales como colectivos. B.- La Organización formulará vías y medios para asegurar la estabilidad de los precios en los mercados internacionales del petróleo, con el propósito de liminar fluctuaciones perjudiciales e innecesarias. C.- Se prestará en todo momento debida atención a los intereses de las naciones productoras y a la necesidad de asegurar un ingreso estable a los países productores, un suministro de petróleo eficiente, continuo y económico a las naciones consumidoras y una ganancia justa sobre los capitales de quienes invierten en la industria del petróleo.
[9] En un acto de nacionalismo, Hipólito Yrigoyen en su primer gobierno fundó esta empresa, pero este hecho ocasionó que en su segundo gobierno (1928-1930), EEUU promoviera un golpe de Estado contra el presidente Irigoyen y fuese destituido el general patriota Enrique Mosconi fuese destituido de YPF y se le encarcelara.
[1] Doctor en Ciencias Sociales, Profesor universitario (UCV/ IAEDPG). Director de la Gestión de Investigación del Servicio Autónomo Instituto de Estudios Petroleros (SAIEP)