Por Franklin González*
“Todo tiene su final, nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Como el lindo clavel sólo quiso florecer, y enseñarnos su belleza y marchito perecer, todo tiene su final, nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad” (Héctor Lavoe y Willie Colón).
Ya lo hemos dicho.Una vez que en Venezuela se aprobó una nueva Constitución y se comenzó su implementación (1999), los distintos inquilinos de la Casa Blanca, se han planteado qué hacer con un país “débil” como la República Bolivariana de Venezuela, que ha osado desafiar sus intereses hegemónicos en el continente americano, simplemente porque defiende su independencia, soberanía y autodeterminación.
Esa pregunta se la hizo Bill Clinton, George W. Bush, el afrodescendiente Barack Obama; se la hizo Donald Trump, Joe Biden, y, ahora, de nuevo Donald Trump.
Todos, y más allá de la frase latina mutatis mutandis, respondiendo a los intereses del que realmente manda en ese país: el “Estado profundo” (constelación de fuerzas económicas, sociales, políticas, militares e intelectuales, sionistas, que diseñan, elaboran y ejecutan la política exterior de ese país, entre las cuales se encuentran el Pentágono, la Casa Blanca, la CIA, los think tanks, (tanques pensantes) y los lobbies (grupos de presión o de cabildeo), de distintos tipos y las transnacionales.
Después del breve interregno de Bill Clinton (1999/2001), comenzó el “vía crucis” con las presidencias de George W. Bush (2001/2009), y el golpe de Estado de abril 2002 (realismo puro).
De allí cada gobernante ha dicho que en Venezuela se viola la libertad, la democracia y los derechos humanos (principales postulados del liberalismo).
Los dos períodos del demócrata Barack Obama (2009/2017) llevaron a su máxima expresión esas relaciones tirantes contra Venezuela, hasta tal extremo que el 9 de marzo de 2015, faltándole menos de un año para dejar la presidencia, dijo que Venezuela era “una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”.
Después vendrían los cuatro años del republicano Donald Trump (2017/2020), que siguió la línea trazada por el “Estado profundo”, aplicándole a Venezuela realismo puro, y renovó, cada año, el decreto de Obama, aderezado con otros ingredientes, como las medidas unilaterales, el bloqueo económico, financiero y comercial, la máxima presión con “sanciones” de todo tipo y con “todas las opciones sobre la mesa”, incluyendo la amenaza de una invasión militar directa o, en todo caso, una “guerra proxy”.
Se desarrolló cualquier cantidad de fórmulas para acabar con la Revolución Bolivariana a través de la “guerra híbrida”, “multiforme” o “difusa”. Se intentó asesinar al presidente Nicolás Maduro (agosto/2019) y se pusieron en ejecución intentos de invasión del país por la frontera con Colombia (febrero/2019) e incluso por las costas del mismísimo estado La Guaira (mayo/2020). Todo ello se acompañó con la acusación permanente de la violación a la libertad, la democracia y los derechos humanos. Se desconocieron las elecciones de mayo de 2018, en las que el pueblo eligió como presidente a Nicolás Maduro; a principios del año 2019 se estimuló y apoyó, sin fundamento jurídico alguno, la autojuramentación de Juan Guaidó como presidente del país, quien para ese entonces presidía la Asamblea Nacional (AN), poder que se encontraba en desacato, según sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Se presionó para que otros gobiernos actuaran en el mismo sentido y así se constituyó el Grupo de Lima (agosto/2017), como mampara regional contra la Revolución Bolivariana, una vez que fracasaron con la Organización de Estados Americanos (OEA) en la aplicación contra Venezuela de la “Carta Democrática Interamericana”. Insistieron una y otra vez en la existencia en Venezuela de una dictadura y que, por tanto, debían endurecerse las presiones contra nuestro país para lograr la “restauración plena” de la democracia y la libertad. El Gobierno de Trump presionó y atosigó a Venezuela hasta más no poder. No fue el instrumento de la diplomacia el que utilizó esa administración, sino los ataques directos y frontales.
El Departamento de Estado amplió sus medidas unilaterales. En agosto de 2017, Trump promulgó el decreto número 13.808, a través del cual prohibió la compra directa o indirecta de valores procedentes del gobierno de Venezuela; recrudeció el boicot financiero y la política de aislamiento de la banca privada y pública, y afectando gravemente las operaciones de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Después, el 21 de mayo de 2018, tras la reelección de Nicolás Maduro, Trump arremetió con el decreto 13.835, que recrudeció las prohibiciones de transacciones u operaciones de refinanciamiento de la deuda venezolana, aplicadas no sólo al gobierno, sino a todos los entes estatales, entre ellos el Banco Central de Venezuela (BCV) y nuevamente PDVSA. Estas medidas coercitivas unilaterales afectaron el comercio de bienes desde y hacia Venezuela, las transacciones financieras internacionales del Estado y de las entidades económicas que tienen vínculos con éste, la capacidad de emitir deuda soberana nueva y la capacidad de refinanciar la deuda ya asumida, así como el comercio petrolero y la cadena de suministros asociada a esta industria.
El 1° de noviembre de 2018, con el decreto 13.850, Trump estableció un marco para bloquear los activos y prohibir las transacciones de personas que operaran en el sector oro o “en cualquier otro sector de la economía que determine el secretario del Tesoro”. El 5 de agosto de 2019, la orden ejecutiva 13.884 amplió el programa de sanciones a la categoría de “embargo”. Fue así como EE. UU. procedió al bloqueo de todos los activos del Estado venezolano en territorio estadounidense y autorizó la aplicación de sanciones secundarias contra empresas o países que tuvieran relaciones comerciales con Caracas
Tampoco reconocieron las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2020 y realizaron la presión necesaria y el lobby correspondiente para lograr que otros gobiernos de los continentes americano y europeo los acompañaran en esa posición.
Producida la derrota electoral de Trump, la ilusión hizo presencia. Muchos cifraron la esperanza en que con Joe Biden habría un cambio en esa política de enfrentamiento frontal, que se pondría fin a la estrategia de “máxima presión” y se abriría una oportunidad para promover una solución política. Pero esas ilusiones pasaron al terreno de la distopía. Este gobernante puso el énfasis en la aplicación de lo que se llama el soft power (el poder suave) y en la utilización del “multilateralismo”.
Ahora, con Trump de nuevo, Venezuela es declarada, como territorio de narcotráfico. Se le aplica el liberalismo con el rancio realismo. De allí que Donald Trump autorizó, el 14 de agosto, el despliegue de una poderosa flota militar en aguas internacionales del Caribe, justo frente a las costas venezolanas, alegando que nuestro se ha convertido en un “Estado narcoterrorista” vinculado a carteles latinoamericanos.
Pero, ese despliegue tiene implicaciones mucho más profundas. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, y su alianza con Rusia, Irán y China ha incomodado a Washington durante años.
En conclusión
No hay duda de que Venezuela es un objetivo asediado y apetecible y, por tanto, factores muy poderosos, desde afuera y desde adentro, la tienen en la mira. Pronunciamientos van y vienen, casi a diario, para ir construyendo el expediente que permita declararla un “Estado fallido”.
De allí que, con la Venezuela bolivariana, todos los gobiernos que han transitado hasta ahora por la Casa Blanca –republicanos y demócratas– han implementado simultáneamente el realismo y el liberalismo o, en otros términos, el pluralismo jurídico transnacional. En el caso del realismo, por lo estratégico que significa la ubicación geográfica y las riquezas internas de Venezuela; y en el del liberalismo, por lo que significa Venezuela para América Latina y el Caribe, al proponer y estimular mecanismos de integración antihegemónicos (Alba-TCP, Petrocaribe, Unasur y Celac). Por eso Venezuela ha sido un “mal ejemplo”.
Desde el golpe de Estado de abril de 2002 se evidencia que los gobernantes estadounidenses han intenta do acabar con la Revolución Bolivariana, y la razón es simple y compleja: ella se convirtió en una referencia y un símbolo para muchos pueblos del mundo. Por eso ha sido y es una “piedra en el zapato”.
Todos estos gobernantes han levantado la bandera de los siguientes valores contra la Revolución Bolivariana: la libertad, la democracia, los derechos humanos y ahora el narcotráfico. Pero en este último caso con el realismo en desarrollo, por cuanto este despliegue de fuerzas no es solo una cuestión de seguridad. Es una batalla por narrativas, recursos y poder. Y en ese juego, la verdad suele ser la primera víctima. ¿Antidroga o geopolítica?. Pero lo que está claro es que el mundo observa, y Venezuela resiste.
Mientras tanto, Venezuela reafirma ante la comunidad internacional su sólida voluntad de la defensa de su soberanía, integridad y paz, mediante todos los recursos disponibles, ejerciendo todas las acciones a las cuales tiene derecho en el marco de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, por lo cual exige el cese inmediato de estas agresiones y mentiras en contra del sagrado pueblo de Simón Bolívar.
*Sociólogo. Doctor en Ciencias Sociales. Profesor Titular jubilado, ex director de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCV, Con dos postdoctorados. Profesor del Instituto de Altos Estudios Diplomático “Pedro Gual” del Ministerio del Poder Popular para la Relaciones Exteriores.Profesor del Instituto de Investigación y Postgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura. Fue Embajador en Polonia, Uruguay y Grecia. Miembro editorial de la RevistaAmerika Latina y el Karibe. Director de Publicaciones de Intersaber y analista nacional e internacional.
