Por Eleazar Mujica Sánchez[1]
La “nacionalización” de la industria petrolera en Venezuela solo puede concebirse como una trampa del capital transnacional que tendrá en la PDVSA que nace hace 50 años el mejor jinete de Troya para desmontar las conquistas del Estado en provecho de sus amos: el capital transnacional. De allí lo importante de enfatizar la diferencia con la vieja PDVSA y subrayar sobre su nacimiento, acaecido hace ya medio siglo que en la Patria de Bolívar y Chávez no hay nada que celebrar en torno a ella. Eleazar Mujica Sánchez.
Con motivo del medio siglo que durante los días 29 y 30 de agosto de este 2025 alcanzó la puesta en marcha de una “nacionalización” entreguista con el nacimiento de la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos (LOREICH) y Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima (PDVSA), respectivamente, considero oportuno presentar, en varias partes, la temática vinculada con lo que he titulado: A 50 Años de una Traición Petrolera. Esta extensión se justifica por lo que implica el abordamiento de su complejidad, desde el uso de categorías epistemológicas y la fundamentación de una metodología critica para su explicación científica y diferenciación con respecto a lo que se va a constituir, a partir el 6 de marzo de 2003, en la nueva PDVSA. Por lo tanto, en esta oportunidad presento la primera parte de una serie de entregas que se irán publicando paulatinamente.
Ante tales exigencias y retos es lógico que el estudio sistemático de la dinámica petrolera sea uno de los fenómenos que nuestra sociedad y, particularmente, nuestras Ciencias Sociales y dentro de ella, muy especialmente la sociología, debería plantearse actualmente como una necesidad de estudiarse y conocerse mejor, pues, para Venezuela -dada nuestra característica y condición de país petrolero- el futuro de este negocio e industria y, por ende, el destino de sus proventos debe constituirse en un asunto de interés nacional, más aún cuando el país posee las mayores reservas de petróleo a escala mundial y este continuará siendo determinante en nuestra economía y, en líneas generales en nuestro devenir histórico y político, por lo menos, durante las próximas cuatro décadas. Por tal razón, el desiderátum del quehacer efectivo y productivo con el recurso petrolero continuará siendo una necesidad que invita a una permanente reflexión sociológica, pero, también desde la economía política.
La “Nacionalización” del Petróleo en Venezuela: una Trampa del Capital Transnacional
En primer lugar, hay que aclarar que el término “nacionalización” es ambiguo, pues desde el Decreto de nuestro Libertador, Simón Bolívar, el 24 de octubre de 1829 en Quito, Ecuador, específicamente en su artículo 1, —sin poderse referir al petróleo porque aún no existe como categoría económica-jurídica, pero, se entiende que este se encuentra dentro de las minas no metálicas— se establece que “Conforme a las leyes, las minas de cualquier clase corresponden a la República, cuyo gobierno las concede en propiedad y posesión a los ciudadanos que las piden, bajo las condiciones expresadas en las leyes y enseñanzas de minas, y con las demás que contiene el decreto”. Siendo, pues, el petróleo propiedad de la República, mal puede hablarse de nacionalización de ese recurso. Sobre esto escribió y disertó ampliamente el marxista, Salvador de la Plaza, fallecido en 1970. A propósito, a diferencia de la Constitución de 1961, nuestra Constitución de 1999 en su artículo 12 deja muy claramente el dominio público y la propiedad de la República sobre los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional. Asimismo, fija el carácter inalienable e imprescriptible sobre los mismos.
En segundo lugar, la “nacionalización” de la industria petrolera en Venezuela no obedeció a un evento revolucionario que se atreviera siquiera a reivindicar la dignidad y la soberanía nacional frente al gran capital transnacional de las compañías petroleras. Por el contrario, la gerencia petrolera “criolla” en sinergia con el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, la Agrupación de Orientación Petrolera (Agropet) de reciente formación por “técnicos petroleros” —realmente, guardando las distancias, un equivalente o símil de lo que a partir del 3 de julio de 2002 se va a conocer como la “Gente del Petróleo” — y Fedecámaras, adelantaron, diseñaron y lograron una “nacionalización” a su medida.
Efectivamente, tanto Agropet como Fedecámaras tenían como misión lograr la participación del cartel de las empresas petroleras —entre ellas muy principalmente, las otroras, denominadas “Las Siete Hermanas”[1] — en Venezuela. Por consiguiente, en ese tiempo, el presidente Carlos Andrés Pérez (1974-1979), se prestó para que se materializara una Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos (LOREICH[2], en adelante) en virtud de los intereses de las transnacionales y, por ende, en detrimento del país, PDVSA vino a facilitar todo aquello. Sepultado quedaba el proyecto de nacionalización petrolera del Partido Movimiento Electoral del Pueblo, MEP, del insigne maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, conocedor también de la temática petrolera, poco se sabe que el insigne Maestro fue quien realizó el prólogo a Pérez Alfonzo en su Libro: El pentágono petrolero, publicado en 1967. Del mismo modo, se le propinaba un duro golpe a la posibilidad de reversión que ya se había anunciado desde 1971 con la la Ley Sobre Bienes Afectos a Reversiónen las Concesiones de Hidrocarburos.
En efecto, la ley que se terminó aprobando, vale decir, la LOREICH y que se promulgó aquel 29 de agosto de 1975 (según lo publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 1.769, en esa misma fecha), un día antes de nacer PDVSA como empresa estatal, bajo la forma de Sociedad Anónima, con el objeto de cumplir y ejecutar la política que dicte en materia de hidrocarburos el Ejecutivo Nacional, por órgano del otrora Ministerio de Minas e Hidrocarburos, en las actividades que le sean encomendadas (esta se crea el 30 de agosto de ese mismo año por disposición del artículo 6 de la referida Ley, tal como puede visualizarse en el Decreto Nº 1.123, del 30 de agosto de 1975, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 1.770, en esa misma fecha) sufrió algunas modificaciones, que terminaron negando la esencia del espíritu de una nacionalización colectiva de cara al interés nacional.
Ciertamente las modificaciones sustanciales que el Ejecutivo Nacional formulara al proyecto original y cuya ley estuvo en vigencia desde el 1° de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 2001, destruyó la esencia, propósito y razón de ser de una auténtica nacionalización de la industria petrolera. Todo lo cual se demuestra en su artículo 5, que reza:
El Estado ejercerá las mencionadas actividades directamente por el Ejecutivo Nacional o por medio de entes de su propiedad…
En casos especiales y cuando así convenga al interés público, el Ejecutivo Nacional o los referidos entes podrán celebrar convenios de asociación con entes privados, con una participación que garantice el control del Estado y con una duración determinada. Para la celebración de estos convenios se requerirá la previa autorización de las Cámaras en sesión conjunta, dentro de las condiciones que fijen, una vez que hayan sido debidamente informada por el Ejecutivo Nacional de todas las circunstancias pertinentes. (Subrayado nuestro)
Huelga señalar que, fue de tal magnitud el entreguismo y el descalabro de aquel artículo 5 que hasta el expresidente Rafael Caldera, de signo ideológico socialcristiano y en su entonces condición de senador vitalicio por el partido Copei, a causa de su desacuerdo y honrando el proyecto de nacionalización de su partido, se atrevió a subrayar lo siguiente:
“Hoy, ante la nacionalización, las empresas mixtas —en mi concepto—, la sola posibilidad de establecerlas prevista en el texto de la ley, no van ayudar sino a entorpecer. Quienes hemos tenido que luchar con las empresas transnacionales sabemos que una rendija que se les abra será aprovechada, con todos sus recursos y poderes, para convertirla en una puerta abierta”. (1975, p. 64).
Igualmente, subraya que: “hasta donde yo sepa jamás las grandes empresas transnacionales del petróleo han apoyado los pasos de Venezuela en la aspiración de una mayor soberanía y de un mejor trato sobre su petróleo; más bien tengo la impresión muy razonada que cada vez que la han podido obstaculizar, la han obstaculizado, y que lejos de ser buenos compañeros o buenos socios —como se ha dicho— para lograr para nosotros lo mejor, han tratado siempre de poner obstáculos, de crear reservas en este camino”. (Ibidem, pp.68-69)
A pesar de ello, los proyectos de nacionalización de la industria petrolera del partido MEP y de Copei señalaron su acuerdo con el pago de indemnización. Sin embargo, sobre Caldera, importante destacar que durante su segundo gobierno (1994-1999) en su praxis, operó totalmente en contraposición a estas consideraciones teóricas del año 75, pues, en nombre de la globalización neoliberal, puso en ejecútese en el año de 1996 la Agenda Venezuela con la cual intensificó los esquemas de la Apertura Petrolera y, además, facilitó la flexibilización, liberalización, privatización, descentralización y regularización de la economía y la política en el país en nombre de la más férrea cosmovisión del neoliberalismo.
En tercer lugar, con la promulgación de dicha Ley, no se garantizó la transferencia a la nación de todas las propiedades de las compañías concesionarias en el país, ubicadas tanto fuera como dentro de las áreas de concesión, sin pagos de indemnización alguno, como se establecía en la Ley Sobre Bienes Afectos a Reversiónen las Concesiones de Hidrocarburos del 6 de agosto de, con esta ley se había de suponer que el país pasaba a ser dueña en un 80% de la industria petrolera establecida en su territorio, esto en atención a las concesiones otorgadas por 40 años durante el gobierno de Isaías Medina Angarita (1941-1945). Mientras que, entre 1996 y 1997 se revertiría el otro 20% otorgado por Marcos Pérez Jiménez durante los años 1956-57. En consecuencia, en virtud de lo establecido en el artículo 1[3] de la LOREICH, lo que se terminó fue adelantando por un espacio de, por lo menos, siete años, la “reversión” que se debía de producir en un 80% en correspondencia con el término de lo establecido en 1943.
Desde luego, las compañías petroleras extranjeras recibieron, en correspondencia con el artículo 16 de la LOREICH, compensaciones por la totalidad de sus activos —exactamente Bs. 4.347.930.052, aproximadamente unos mil millones de dólares al cambio de la época— y se firmaron contratos con las antiguas concesionarias para la prestación de asistencia técnica y la adquisición de grandes volúmenes de la producción venezolana de crudos y productos refinados, vale decir, Contratos de Asistencia Tecnológica o Convenio de Asistencia Técnica y Contratos de Comercialización.
Estos “Convenios de Asistencia Técnico” —como al igual se les llamó—, se inicia en 1976, una vez que doce de las catorce empresas operadoras “nacionales”, suscribieron nueve contratos de asistencia técnica, a través del Ministerio, con las casas matrices de las empresas extranjeras que operan en el país. “De esta manera, Maraven, antes Shell de Venezuela, firmó contrato de asistencia técnica con la Royal Dutch Shell, Lagoven, antes Creole, suscribió contrato con la Exxon. De esa forma se firmó el resto de los contratos entre las empresas matrices internacionales y las operadoras venezolanas. (Parra Luzardo, 1996, p. 82) Todo ello, en oposición a los más nobles intereses de la patria. Al respecto, no hay que perder de vista que PDVSA nace en un contexto de boom petrolero 1973-1974 que se inicia tras la guerra de Yom Kippur de octubre de 1973 y esto en nombre de la cultura del rentismo petrolero, facilitó el derroche y las complacencias políticas y económicas para con los actores internacionales que se había lucrado históricamente con nuestros recursos de hidrocarburos.
Asimismo, con la modificación y violación del artículo 5° de la LOREICH, a nuestro entender, se sientan las bases, desde ese mismo momento, para que se materialice, además de la Internacionalización de PDVSA, las diferentes modalidades de lo que más tarde se llamará “La Apertura Petrolera” como: Convenios Operativos, Asociaciones Estratégicas, Convenios de Asociación para la Exploración a Riesgo de Nuevas áreas y la Producción de Hidrocarburos bajo el Esquema de Ganancias Compartidas, la Orimulsión, el proyecto “Cristóbal Colón” —este forzó que la otrora Corte Suprema de Justicia derogada los artículos 1, 2 y 5 de la Ley que Reserva al Estado la Industria del Gas Natural, así como paralelamente la modificación del artículo 3 de la ley de Hidrocarburos de 1943—, Libre Competencia en el Mercado Interno de la Gasolina y otros Combustibles Derivados, entre otros esquemas lesivos, así como la perjudicial denominación de Faja “Bituminosa” del Orinoco, contradiciendo y anulando una decisión que, previo a la “nacionalización, el Ministerio de Minas e Hidrocarburos, había cambiado en abril de 1971 la denominación o nombre de la Faja del Orinoco, de “Bituminosa” a “Petrolífera”, lo que quiere decir que nuestro país se adelantó a la lógica de la globalización neoliberal bajo el pretexto, según el cual el Estado desconocía los mecanismos de la comercialización internacional del petróleo y porque, igualmente, no contaba con la tecnología apropiada para que la industria continuara operando con la misma eficiencia. Todas aquellas estrategias gerenciales en lo petrolero, de igual modo vinieron a impactar negativamente sobre la razón de ser de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), organismo internacional del cual Venezuela es país miembro fundador.
En consecuencia, la historia inmediata a su materialización, se encargó de demostrarnos rápidamente que con ella no se ve culminado —como algunos pensaron— por lo menos, sesenta años de enfrentamientos con el Capital Petrolero Internacional, como tampoco se produce del todo una nueva realidad que rompa con la condición de enclave y de dependencia del país, que nos permitiera manejar, controlar y diseñar autónomamente todas las actividades asociadas a la industria petrolera, nos referimos a explorar, producir, procesar y comercializar el recurso que se encuentra en nuestro subsuelo; tampoco se logró hacer realidad ese legendario sueño —que cabalga desde 1936— de Alberto Adriani y que popularizó Uslar Pietri de “sembrar el petróleo”. Por lo que no se puede negar que fue más que una “nacionalización” de la industria petrolera, un acto de entreguismo que albergaba en sí misma los gérmenes del retroceso hacia la desnacionalización, la privatización y la reversión en pro del capital transnacional.
En realidad, el proceso de la “nacionalización”, más que un proyecto revolucionario de defensa nacional, obedeció a un proyecto de la burguesía emergente en los países del entonces denominado Tercer Mundo y, por tanto, de capitalismo dependiente, así como también a un proyecto favorecido, en ciertos aspectos, por las corporaciones transnacionales, pues esto suponía una nueva división internacional del trabajo, en el sentido que, por ejemplo, los países poseedores de los recursos naturales y productores de petróleo se ocuparan de la parte relativa a la exploración y explotación de este recurso natural, mientras que las grandes compañías veían la posibilidad de ocuparse de la parte concerniente al transporte y la comercialización, es decir, al mercado final de estos productos, pero además, exoneradas de enfrentamientos o conflictos sindicales.
Razón por la cual, podemos decir, que esta no fue el resultado de un vasto movimiento popular como ocurrió en México, por ejemplo, con Lázaro Cárdenas en 1938, sino de una negociación concertada, tanto es así que aquí se indemniza muy generosamente a las grandes empresas extranjeras, que ya habían recuperado muchas veces su inversión inicial. De hecho, inmediatamente después de ponerse en marcha en 1976, más del 70% de nuestro petróleo va a parar a manos de las transnacionales, otro porcentaje es consumido en el país y solo nos quedamos con un 5% para la comercialización directa, contradiciendo totalmente en los hechos los lineamientos de la ley de “Nacionalización” y del fatídico y vergonzoso V Plan de la Nación —sobre esto volveremos con énfasis en la parte III de esta secuencia—, en el sentido de no poder comercializar directamente, ni siquiera una parte importante de la producción y diversificar el mercado.
Adicionalmente, las transnacionales pasaron a controlar áreas nuevas, hasta ese momento, en manos exclusivamente del Estado venezolano, como la gigantesca acumulación de petróleo pesado en la Faja del Orinoco y en nuevos proyectos como la petroquímica. Paralelamente, aquel proceso desestimuló la operatividad y el desarrollo del capital privado nacional en el marco de lo que implicaba la nacionalización de nuestra principal industria. Ciertamente, la “nacionalización” no tomó en cuenta la necesidad de un proyecto nacional, cualitativamente distinto al del Pacto de Puntofijo. Todo esto, nos hace concluir que la “nacionalización” se convierte en un nuevo instrumento de dominación y de racionalidad capitalista, si tomamos en cuenta que ella libra al capital de numerosos riesgos que van desde lo político, sindical, jurídico a las fases de mayores incertidumbres en la actividad petrolera como la exploración y la explotación.
En tal sentido, importa señalar que, con la “nacionalización” solo se provoca un cambio de fisonomía, dado que cuando analizamos, el antes y el después, nos encontramos con un contenido que tiene más elementos comunes que diferenciados, pues en nada cambió la desigualdad real entre el capital y el trabajo asalariado, no cambió la dependencia tecnológica de la industria, como tampoco se modificaron esencialmente las relaciones que rigen la inserción de nuestro país en el comercio internacional de los hidrocarburos. Por el contrario, tanto antes como después, bajo los gobiernos de la Cuarta República y la gerencia “tecno meritocrática” de la vieja PDVSA, el petróleo sólo sirvió para exacerbar el enriquecimiento de la clase dominante en el país en detrimento de las grandes mayorías que reivindicaban un sueño de verdadera nacionalización.
En fin, la, “nacionalización” de la industria petrolera en Venezuela solo puede concebirse como una trampa del capital transnacional que tendrá en la PDVSA que nace hace 50 años el mejor jinete de Troya para desmontar las conquistas del Estado en provecho de sus amos: el capital transnacional. De allí lo importante de enfatizar la diferencia con la vieja PDVSA y subrayar sobre su nacimiento, acaecido hace ya medio siglo que en la Patria de Bolívar y Chávez no hay nada que celebrar en torno a ella. Lo que aquí afirmo con tanta insistencia es productos de una ardua tarea de investigación, reflexiones intelectuales, docencia, y experiencia dentro del ámbito laboral petrolero –incluida nuestra industria y nuestra diplomacia- a lo largo de aproximadamente de 25 años. Desde luego, desde la perspectiva crítica y marxista que apunta hacia una sociología del petróleo en Venezuela.
Bibliografía
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Pérez Alfonzo (1967): El pentágono petrolero. Ediciones Revista Política. Caracas.
[1] Con la firma del Acuerdo de Achnacarry en septiembre de 1928, en un castillo escocés, con el objeto de poner fin a los riesgos de competencia por el control de los yacimientos petrolíferos y de guerras de precios que se desató entre las representantes petroleras europea (Shell y BP) y las norteamericanas (Exxon, Mobil, Texaco, Socal y Gulf), a partir de allí nace el cártel internacional del petróleo de “Las Siete Hermanas”. Enrico Mattei, director de la Compañía Nacional Italiana de Petróleo (ENI) y muerto en situación muy extraña, fue quien popularizó este nombre.
[2] A pesar de que la LOREICH, de acuerdo con su artículo 28, derogaba las disposiciones de la Ley de Hidrocarburos y de la Ley Sobre Bienes Afectos a Reversiónen las Concesiones de Hidrocarburos, (6 de agosto de 1971) y cualquiera otra, que colidan con la referida ley, siguió vigente la Ley de Hidrocarburos del 43, así como la Ley Sobre Bienes Afectos a Reversiónen las Concesiones de Hidrocarburos, pero también la Ley que Reserva al Estado la Industria del Gas Natural (26 de agosto de 1971) y la Ley que Reserva al Estado la Explotación del Mercado Interno de los Productos de Hidrocarburos (22 de junio de 1973).
[3] Este indicaba la extinción de las concesiones petroleras a partir del 31 de diciembre de 1975. Por lo que, el 1 de enero de 1976, el Estado, a través de las filiales de PDVSA, tomó control de los activos de las antiguas concesionarias.
[1] Doctor en Ciencias Sociales, Profesor universitario (UCV/ IAEDPG). Director de la Gestión de Investigación del Servicio Autónomo Instituto de Estudios Petroleros (SAIEP)
