Por Gustavo Andrés Quintero
La COP30, trigésima edición de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, celebrada del 6 al 22 de noviembre en Belém do Pará, Brasil, llevó el mayor foro climático del mundo al corazón de la Amazonía y centró la agenda global en la biodiversidad, la justicia climática y la deuda histórica que el Norte Global mantiene con las naciones en desarrollo. Finalizando el año 2025, este encuentro se convirtió en un hito simbólico y político que condensó las tensiones y esperanzas de la acción climática global. En el debate formal, el llamado “Espíritu de Belém” impulsó resultados ambiciosos—complejos por su propia naturaleza para su implementación—, mientras que el debate informal, fuera de las instalaciones, fue intenso y plural, protagonizado por organizaciones populares e indígenas que sostienen la defensa de los territorios y la vida.
En los distintos espacios se reforzó con mayor urgencia que en encuentros anteriores el objetivo de 1,5 °C. La preocupación de expertos y negociadores fue explícita: las naciones deben alinear sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) con la meta de limitar y mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 °C. Ello exige la eliminación progresiva—y, con el tiempo, total—de los combustibles fósiles como fuente principal de energía, al menos por parte de los 195 países y la Unión Europea, firmantes del tratado legalmente vinculante de París en 2015 durante la COP21. La urgencia no es retórica: es el reconocimiento de que la ventana de acción se estrecha y que la inercia fósil compromete la habitabilidad del planeta.
También se propuso incrementar el financiamiento climático. Sin embargo, sin mecanismos de acceso claros ni compromisos firmes, el objetivo de 1,3 billones de dólares anuales queda como una cifra que reconoce, de manera indirecta, la insuficiencia del antiguo umbral de 100 mil millones frente a los costos reales de los pasivos ambientales acumulados. Esta admisión expone otra verdad: los aportes de los países desarrollados son escasos y, con frecuencia, los proyectos financiados resultan técnicamente poco efectivos para mitigar, corregir o atenuar daños ya generados. En esencia, el fondo debe cubrir mitigación y, crucialmente, adaptación en los países más vulnerables, con mecanismos más ágiles que los exhibidos hasta ahora para desembolsar recursos a naciones que ya sufren impactos irreversibles del cambio climático.
A pesar de estos avances en el papel, la aplicabilidad de los resultados de la COP30 enfrenta una dificultad estructural, no solo técnica: la resistencia del sistema económico capitalista global. La contradicción es frontal entre las premisas necesarias para atender la crisis climática y las lógicas del libre mercado. La crisis exige un cambio radical e inmediato del modelo energético fósil hacia fuentes compatibles con la vida, la protección de ecosistemas que inevitablemente limitaría ciertos patrones de producción industrial y la redistribución de riqueza para compensar la deuda histórica sobre los sistemas ecológicos y sobre las comunidades que los sostienen—una propuesta que muchos actores de poder consideran “demasiado socialista”. En contraste, el capitalismo contemporáneo exige crecimiento perpetuo (medido por el PIB), maximización de rentabilidad a corto plazo y externalización de costos ambientales: que la sociedad pague por la contaminación corporativa, perpetuando la injusticia social.
El desafío es técnico, financiero, económico y, sobre todo, temporal. Se requiere accionar de forma casi inmediata en puntos de presión, mientras se reconoce un pasivo ambiental multianual equivalente a una enorme cantidad de recursos que “alguien” debe asumir. Los proyectos, además, deben ser sostenibles en el tiempo y efectivos frente a la afectación de sistemas ambientales altamente sensibles y de elevado valor biológico. Es imprescindible, asimismo, establecer y homogeneizar mecanismos de acceso a los recursos. Para la República Bolivariana de Venezuela, el reto es singular: país con las mayores reservas comprobadas de petróleo y entre los diez con mayores reservas de gas natural; al mismo tiempo, uno de los diez países con mayor biodiversidad del planeta, firmante del Acuerdo de París y en sostenido desarrollo socioeconómico—lo que implica mayores requerimientos de recursos naturales renovables y no renovables. La transición justa, aquí, no es un eslogan: es una ecuación compleja que debe equilibrar soberanía energética, protección de la vida y justicia social.
Hoy, el objetivo de 1,3 billones de dólares se estanca porque el sistema prefiere canalizar inversión hacia proyectos de mitigación “rentables”—grandes parques solares con retornos garantizados—en lugar de proyectos de adaptación no rentables, como sistemas de alerta temprana o infraestructura costera resiliente en países pobres, donde las consecuencias del cambio climático son tangibles y crecientes. Además, los países donantes, en lugar de ofrecer recursos no reembolsables—lo que exige la justicia climática para enfrentar pasivos ambientales muchas veces causados por esos mismos donantes—, los ofrecen como préstamos, perpetuando el ciclo de deuda externa en el Sur Global y subordinando la acción climática a la lógica financiera.
En conclusión, la COP30 en Belém ofreció una visión ambiciosa y justa para el futuro, pero, a más de un mes de su realización, esa visión permanece principalmente en el papel y en los carteles. Mientras el sistema global permita retornos significativos de la extracción de carbón, petróleo u otros recursos, el Acuerdo de París seguirá siendo socavado por la inercia económica y la presión corporativa por permisos y subsidios. Para que los acuerdos se traduzcan en acción real que salve la Amazonía y otras selvas vírgenes, proteja sistemas de alto valor biológico y estabilice el clima para preservar la vida en el planeta—en sintonía con el Quinto Objetivo Histórico de la Patria presentado por el Comandante Chávez—se requiere más que buenas intenciones y nuevos fondos: hace falta una transformación sistémica que aborde la raíz del problema y subordine las leyes de acumulación de capital a las leyes de la vida de la Pachamama y de los pueblos que la habitan. Sin esa reorientación moral y política, la brecha entre la promesa y la realidad seguirá ampliándose.
